«Denuncias de corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia ponen en jaque a la Justicia argentina»

/ abril 2, 2019

Sesiones de Mesa Directiva y Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en Villa Mercedes, San Luis.

Los días 28 y 29 de marzo de 2019 se celebraron las reuniones de Mesa Directiva y Junta de Gobierno, respectivamente, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la ciudad de Villa Mercedes, con la presencia de representantes de todo el país. La situación y estado actual de la Justicia en la República Argentina fue el principal tema abordado en ambas reuniones, emitiendo al respecto la Junta de Gobierno una resolución en la cual se expresa la opinión de la Abogacía Argentina.

La FACA se pone a disposición de las autoridades de los distintos Poderes del Estado con el objeto de colaborar con propuestas y acciones concretas tendientes a revertir la actual situación de crisis y construir, entre todos los involucrados en la labor judicial, la Justicia del siglo XXI que necesita la ciudadanía argentina.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidad que agrupa a la abogacía organizada del país, expresa su profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que resultan de denuncias de corrupción mezclados con operaciones de inteligencia que ponen en jaque a la Justicia argentina, en especial a la Justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, superando cualquier límite de razonabilidad, acentúan la pérdida de confianza, credibilidad y prestigio que la sociedad le reclama.

Notamos con creciente inquietud cómo la percepción negativa que se tiene del Poder Judicial supera incluso al descontento social referido a las restantes autoridades políticas del Estado, en todos sus estamentos. La confianza y credibilidad de las personas que se encuentran sometidas a la jurisdicción constituyen insumos imprescindibles para suprimir la sospecha generalizada de parcialidad y falta de independencia que hoy prevalecen en la consideración social.

La función judicial es el resguardo de los derechos y libertades de las personas y custodia de las instituciones que hacen posible nuestra vida en democracia. Las garantías que la Constitución Nacional reconoce a los magistrados para permitirles el adecuado cumplimiento de su delicada misión de juzgar debe ser un compromiso republicano efectivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La denuncia por mal desempeño es un acto de extrema gravedad institucional que no puede ser banalizada, al punto de servir como un recurso ordinario más, destinado simplemente a saciar el interés particular del denunciante o generar una cuestión mediática. Cuando no existe credibilidad en los jueces y funcionarios judiciales se quebranta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Es necesario que la ciudadanía sepa que uno los objetivos esenciales de la Reforma Constitucional de 1994 fueron la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia. A 25 años de esa reforma, este objetivo se encuentra incumplido.

El sano y prudente equilibrio que debió procurarse en la integración periódica del Consejo de la Magistratura de la Nación entre los representantes de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, nunca se logró y las sucesivas reglamentaciones legales fueron dando a los primeros una participación cada vez más preponderante, de forma tal de asegurarse el carácter político y no técnico de sus decisiones, así como desvirtuando su esencia y razón de ser. Algo similar sucedió con las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento con legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.

Hace tiempo que esta Federación ha denunciado la necesidad de establecer una adecuada y equilibrada representación de los estamentos que deben conformar los órganos de los que depende la selección y enjuiciamiento de magistrados.

La predominancia de los estamentos políticos origina en gran medida la pérdida de confianza en el Poder Judicial, generando sospecha sobre la idoneidad de un candidato selecto en un concurso o posibilitando presumir que los enjuiciamientos dependen más de la cercanía de los jueces al poder de turno, antes que a su buen o mal desempeño.

El rotundo fracaso de la justicia y su falta de legitimidad social en los últimos tiempos ha sido recientemente reconocido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal al que hemos visto, en los últimos meses, mayormente sumido en una aparente fricción interna que en el cumplimiento de sus misiones constitucionales. A pesar de ello, no mencionó ninguna decisión de política institucional para revertirlo, sino que más bien admite la existencia de una magistratura débil y dependiente de los poderes políticos para su funcionamiento. Sin embargo, no cabe atribuir esta situación exclusivamente a la justicia, sino a los poderes políticos que, en sus diferentes integraciones pasadas y presentes, han despreciado su necesaria independencia.

Es hora de la toma de decisiones que reconstruyan los vínculos de respeto y consideración de la ciudadanía argentina que nunca debieron romperse. Sólo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia.

Por ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, reunida en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, RESUELVE:

1) Expresar su profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que afectan a la Justicia argentina y, en especial, a su fuero federal.

2) Solicitar públicamente a los poderes del Estado Nacional que adopten, en sus respectivas esferas de competencias, las medidas y políticas activas necesarias para revertir la situación de desprestigio en la Administración de Justicia.

3) Requerir que el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera directa y de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, por vía de Superintendencia, diseñe y ejecute un plan de control de gestión de todos y cada uno de los juzgados, cámaras y tribunales orales del país y, especialmente, los juzgados federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, solicitar que publicite los resultados de la auditoria realizada sobre la justicia federal penal de esa jurisdicción.

4) Solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a resolver, poniendo fin a la incertidumbre, acerca de la inconstitucionalidad declarada sobre la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, dando trámite y pronunciándose en la causa que está sometida a su competencia.

5) Peticionar al Congreso Nacional para que, con la celeridad que el caso requiere, considere y dé tratamiento a los distintos proyectos de reforma referidos al Consejo de la Magistratura de la Nación, respetando los principios de equilibrio y participación de los estamentos, conforme lo previsto en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

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